El acuerdo, respaldado por todos los grupos políticos de la corporación insular, plantea una batería de propuestas orientadas a mejorar las condiciones de este colectivo clave para la economía del Archipiélago.

Revisión de cuotas para autónomos societarios

En primer lugar, el Cabildo solicita la modificación de la Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, que establece un incremento del 42% en las cuotas de los autónomos societarios y colaboradores. Asimismo, se reclama evitar cualquier medida que suponga un aumento de las bases mínimas de cotización para 2026 que impida su equiparación con el resto de autónomos.

En este sentido, también se pide recuperar el principio de transitoriedad en la aplicación del sistema de cuotas y garantizar el acceso a incentivos, bonificaciones y reducciones en la Seguridad Social.

Deducciones fiscales específicas para Canarias

En segundo lugar, el Pleno instó tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Canarias a estudiar la creación de deducciones fiscales específicas en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF para los autónomos societarios que operan en Canarias. Esta medida busca compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y fomentar la inversión en la economía local.

Simplificación administrativa

El tercer acuerdo se centra en la simplificación administrativa. El Cabildo solicita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al Gobierno de Canarias la reducción de cargas burocráticas y la agilización de trámites, reconociendo la singularidad de las pymes canarias amparadas por el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Ampliación de franquicias y exenciones fiscales

Asimismo, se pidió al Gobierno de Canarias que analice la ampliación de la franquicia fiscal relativa al IGIC, así como la extensión de determinadas exenciones fiscales a los profesionales autónomos, en línea con lo ya previsto para entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades en la normativa del REF.

Finalmente, el Cabildo acordó trasladar este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España, a los ministerios competentes en materia de inclusión, hacienda y economía, así como al Gobierno de Canarias.

[Cabildo de Tenerife]

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