La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, ha denunciado el giro «cruel, inhumano e irresponsable» que están tomando algunos ayuntamientos del sur de Tenerife ante el crecimiento de los asentamientos de infraviviendas. Para la formación ecosocialista, las actuaciones policiales masivas desarrolladas en estos enclaves no constituyen una solución al problema habitacional, sino una estrategia de criminalización de las personas más vulnerables y una muestra de la influencia de los postulados de la extrema derecha en la gestión municipal.

Esta semana, el Ayuntamiento de Arona, uno de los tres municipios canarios en los que Vox forma parte del gobierno local, llevó a cabo un amplio dispositivo policial en el asentamiento de Los Vivitos, después de una actuación similar en la montaña de Guaza. El operativo movilizó a decenas de agentes de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil para identificar a las personas que residen en el poblado.

Para Vanesa Martín, este tipo de actuaciones «no buscan resolver una problemática social, sino ofrecer una imagen de mano dura frente a quienes sufren las consecuencias de décadas de políticas fallidas en materia de vivienda«. A su juicio, la respuesta institucional se limita a desplazar el problema de un lugar a otro, sin ofrecer alternativas habitacionales reales a las familias afectadas. Asegura que nadie defiende que se viva en esas condiciones, al contrario, reclaman “alternativas a un problema que tienen que ver con una especulación desatada y la venta masiva de viviendas a ciudadanos de la unión europea”.

La portavoz recuerda que los asentamientos de infraviviendas son la expresión más extrema de la emergencia habitacional que vive Canarias. «Cada vez más trabajadores y trabajadoras, muchas de ellas con empleo, se ven obligadas a vivir en condiciones indignas porque el mercado inmobiliario les ha expulsado de cualquier posibilidad de acceder a una vivienda», señala. La ausencia de servicios básicos, las deficientes condiciones sanitarias y la inseguridad que padecen quienes habitan estos núcleos son, a su juicio, el reflejo de un profundo fracaso de las políticas públicas.

Martín recuerda además que los barrios surgidos al margen del planeamiento urbanístico no son una realidad nueva en Canarias. Durante el franquismo y también en las primeras décadas de la democracia aparecieron numerosos asentamientos fruto de la falta de planificación y de la ausencia de vivienda asequible.

Desde Sí se puede consideran especialmente grave que mientras se despliegan importantes recursos policiales, no se actúe sobre las causas que han provocado esta situación. La organización señala directamente a la especulación inmobiliaria, la falta de control sobre los precios del alquiler, la expansión del alquiler vacacional y la ausencia de obligaciones para que las grandes empresas turísticas contribuyan al alojamiento de sus plantillas. Consideran una grave hipocresía que se señale a los residentes en estos espacios y no a una política de vivienda como la promovida por CC-PP en Canarias, que solo está agravando el problema.

En este sentido, Martín sostiene que la identificación de las cerca de 250 personas asentadas en Los Vivitos «solo busca ofrecer una imagen de fuerza dirigida a un determinado electorado, mientras se ignoran las verdaderas soluciones». A su juicio, expulsar a las familias de un asentamiento sin proporcionarles una alternativa solo conseguirá que vuelvan a instalarse en otro lugar, reproduciendo indefinidamente el mismo problema.

«La misma clase política que ha permitido la especulación urbanística y el incremento descontrolado del precio de la vivienda pretende ahora responder con operativos policiales a una crisis que ella misma ha contribuido a generar», denuncia.

Sí se puede reclama a los municipios del sur de Tenerife que apliquen de manera efectiva las herramientas previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda, como la declaración de zonas tensionadas o el incremento del IBI a los propietarios con más de cinco viviendas vacías. Piden que se trabaje conjuntamente con el Gobierno de Canarias para desarrollar políticas públicas capaces de incrementar el parque de vivienda asequible.

Entre las medidas prioritarias, la formación plantea la movilización de viviendas vacías, la rehabilitación de edificios para uso residencial, un control mucho más estricto sobre el alquiler vacacional ilegal, la limitación de la especulación inmobiliaria y la implicación del sector turístico en la creación de soluciones habitacionales para las personas trabajadoras.

«Recuperar viviendas vacías, rehabilitar inmuebles y aumentar la oferta pública de vivienda son medidas infinitamente más eficaces que enviar decenas de policías para criminalizar a quienes simplemente intentan sobrevivir. La vivienda es un derecho, no un privilegio», concluye Vanesa Martín. [Sí se puede]

La entrada Sí se puede denuncia uso policial de extrema derecha contra infraviviendas en Tenerife se publicó primero en El Alisio - Noticias de las Islas Canarias.

El concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Tacoronte, José Luis Almenara, ha mostrado su sorpresa y preocupación por lo que considera un enfoque equivocado de las políticas de vivienda que está impulsando el grupo de gobierno municipal, tras anunciarse recientemente el desbloqueo de cinco urbanizaciones que permitirán la construcción de cerca de 200 viviendas privadas en el municipio.

Desde la formación ecosocialista recuerdan que en diciembre de 2023 el pleno municipal aprobó por unanimidad una moción presentada por Sí se puede para fomentar la vivienda pública y hacer frente a la emergencia habitacional que ya afectaba al municipio. Sin embargo, denuncian que, transcurridos casi tres años desde aquella aprobación, el gobierno local no ha puesto en marcha ninguna de las medidas acordadas.

Entre las iniciativas aprobadas figuraban la elaboración de un censo de viviendas vacías y promociones inacabadas en colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda, la incorporación de inmuebles al programa autonómico de vivienda vacía, la adquisición y rehabilitación de promociones inacabadas mediante una encomienda de gestión con VISOCAN para destinarlas al alquiler social, la creación de una Comisión Especial de Vivienda y el incremento de las ayudas municipales destinadas al pago de alquileres e hipotecas.

«Frente a estas propuestas destinadas a aumentar el parque público de vivienda y garantizar el acceso a una vivienda digna, la principal respuesta del grupo de gobierno ha sido facilitar el desarrollo de promociones privadas cuyos precios parten de alrededor de los 200.000 euros», señala Almenara.

Según explicó recientemente el responsable municipal de Urbanismo, el desbloqueo administrativo permitirá retomar proyectos urbanísticos paralizados desde la década de los noventa y la burbuja inmobiliaria de 2008. No obstante, desde Sí se puede consideran que esta medida, sin una estrategia pública complementaria, beneficiará principalmente a los promotores privados y tendrá un impacto muy limitado en el acceso real a la vivienda de la población local.

La formación advierte de que estas promociones se desarrollarán además en un horizonte temporal de entre tres y cuatro años y estarán sujetas a precios de mercado que resultan inaccesibles para una parte importante de la ciudadanía.

«En un contexto en el que muchos jóvenes tienen enormes dificultades para emanciparse y numerosas familias de Tacoronte encuentran cada vez más obstáculos para acceder a una vivienda digna, resulta evidente que promociones de estas características no responden a la realidad social del municipio», afirma el concejal.

Por ello, Sí se puede considera que el Ayuntamiento y el resto de administraciones competentes deben priorizar de forma urgente la inversión en vivienda pública y protegida, garantizando precios verdaderamente asequibles y evitando que el acceso a un derecho fundamental quede condicionado exclusivamente por la capacidad económica de cada persona.

«La vivienda no puede seguir tratándose únicamente como una mercancía. Tacoronte necesita políticas de vivienda centradas en las necesidades de sus vecinos y vecinas, capaces de ofrecer soluciones reales a quienes hoy están siendo expulsados del mercado residencial», concluye Almenara. [Sí se puede]

La entrada Sí se puede critica al grupo de gobierno de Tacoronte por impulsar vivienda privada en plena crisis habitacional se publicó primero en El Alisio - Noticias de las Islas Canarias.

Durante el seminario ‘Vivienda y dinámicas poblacionales en las islas de la Unión Europea’, organizado en el edificio de Sa Riera, en Palma, el catedrático de Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Juan Manuel Parreño, ha defendido la necesidad de fijar límites al uso turístico de las viviendas.

En su intervención, ha recordado que la reciente legislación canaria apuesta por reservar el 90 % del parque a usos residenciales, aunque ha precisado que esta medida, por sí sola, no resolverá el problema de acceso a la vivienda.

«Es una cuestión de stock», ha señalado Parreño, quien ve «contradictorio» que se promueva nueva construcción residencial mientras una parte de las viviendas acaba destinada a usos turísticos.

El catedrático ha opinado que algunas zonas tensionadas incluso podría ser necesario impedir la implantación de nuevas viviendas vacacionales, aunque ha reconocido que retirar licencias ya concedidas plantea importantes dificultades jurídicas y económicas porque implicaría indemnizaciones a los propietarios.

Tasa turística

También ha planteado la posibilidad de crear una tasa turística destinada específicamente a financiar políticas de vivienda, siguiendo el modelo de otros gravámenes vinculados a la protección ambiental. «Hay que buscar mecanismos fiscales para que una parte del crecimiento económico revierta en vivienda», ha afirmado.

Por su parte, el catedrático de Geografía de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) Jesús González, ha recordado que la «emergencia» habitacional no es un problema exclusivo de Baleares ni de España, sino que afecta a numerosos países tras décadas de debilitamiento de las políticas públicas de vivienda.

González ha señalado que los países europeos con estados del bienestar más consolidados están resistiendo mejor las tensiones del mercado residencial, mientras que España sufre con mayor intensidad las consecuencias de no haber considerado históricamente la vivienda como uno de los pilares de la protección social.

«En territorios donde la especialización inmobiliaria es muy fuerte, el valor especulativo está por encima del valor de uso», ha afirmado, antes de sostener que corregir ese desequilibrio resulta «imposible» sin una intervención decidida de los poderes públicos.

Respecto a las propuestas para limitar el alquiler vacacional, González ha coincidido en que pueden contribuir a aliviar la situación, pero ha insistido en que se trata de un problema «multicausal» que requiere respuestas coordinadas entre distintas administraciones y ámbitos de actuación.

«Limitar el alquiler vacacional es una de las 20, 30 o 50 iniciativas que se pueden adoptar, pero por sí sola ni muchísimo menos va a solucionar el problema», ha hecho hincapié.

Polarización política

También ve necesario combinar medidas de construcción de vivienda protegida con actuaciones fiscales sobre viviendas vacías y grandes propietarios, así como estudiar restricciones a la compra de inmuebles cuando no tengan como finalidad la residencia efectiva.

El experto ha lamentado la elevada polarización política que rodea el debate sobre la vivienda, ya que, en su opinión, dificulta la consecución de acuerdos entre administraciones gobernadas por distintos partidos.

«El problema no es que haya diferencias ideológicas, sino que esté tan politizado que parezca imposible llegar a acuerdos institucionales», ha sentenciado. [EFE]

La entrada Expertos proponen que sólo el 10 % del parque residencial se destine a alquiler vacacional se publicó primero en El Alisio - Noticias de las Islas Canarias.

Unidas se puede denuncia la parálisis absoluta del gobierno de La Laguna ante una crisis de vivienda cada vez más grave. Alberola critica que el gobierno municipal se esconda tras la burocracia mientras los precios de la vivienda se disparan, las promociones públicas siguen bloqueadas y aumentan las situaciones de vulnerabilidad residencial en el municipio.

Unidas se puede ha denunciado la situación de parálisis política e institucional que atraviesa el Ayuntamiento de La Laguna en materia de vivienda, en un contexto donde el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del municipio.

La formación recuerda que las recientes licitaciones para promociones públicas en Gracia y Tejina han quedado desiertas, evidenciando la falta de planificación y capacidad de respuesta del gobierno municipal ante una emergencia habitacional que no deja de agravarse.

Una situación que se hace aún más visible tras conocerse este mismo martes el intento de desahucio de un padre y su hija menor en una vivienda de protección oficial en La Cuesta, un caso que, para Unidas se puede, refleja hasta qué punto la crisis habitacional está golpeando ya de lleno a familias trabajadoras laguneras.

Según el último informe de Tinsa Research, La Laguna registra actualmente un precio medio de vivienda de 1.781 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 15,6 % y un incremento trimestral del 4 %, situándose entre los municipios con mayores tensiones de precios del Estado.

El concejal de Unidas se puede, Saúl Alberola, señala que “La Laguna está entrando en una dinámica expulsiva donde cada vez más personas jóvenes y trabajadoras no pueden permitirse vivir en su propio municipio”.

En este sentido, advierte de que “la vivienda está subiendo muchísimo más rápido que los salarios y el gobierno local sigue sin poner en marcha medidas reales más allá de anuncios y trámites internos”.

Desde la formación consideran especialmente preocupante que el gobierno municipal “se refugie continuamente en informes, procesos administrativos y estudios técnicos mientras la ciudadanía vive una situación de angustia residencial cada vez mayor”.

“Mientras familias laguneras afrontan desahucios, alquileres imposibles y situaciones de vulnerabilidad residencial, el gobierno municipal continúa atrapado en anuncios, burocracia interna y proyectos que ni siquiera logran ejecutarse”, afirma Alberola.

Unidas se puede recuerda además que lleva años planteando iniciativas concretas para afrontar esta crisis, entre ellas la declaración de emergencia habitacional, la declaración de zona tensionada, la movilización de vivienda vacía, el impulso del recargo del IBI a viviendas desocupadas, la bonificación del ICIO para primeras viviendas, la compra y rehabilitación de promociones para alquiler asequible o la convocatoria de la Mesa de la Vivienda.

“No podemos normalizar que en una ciudad como La Laguna haya familias pendientes de perder su casa mientras las administraciones siguen actuando con lentitud y resignación”, concluye Alberola.

“La vivienda no puede seguir tratándose como un problema secundario ni como una mercancía. Estamos hablando de vidas, de arraigo y de dignidad”.

_______________________________

Para más información sobre el tema, así como sobre las actividades y propuestas de Unidas se puede en La Laguna, contactar con Saúl Alberola en el 609086203 o con Carolina Castro en el 690218635.

Instagram | Facebook | X (Twitter) | Web | Telegram [Unidas se puede]

La entrada Unidas se puede denuncia la parálisis absoluta del gobierno de La Laguna ante una crisis de vivienda cada vez más grave se publicó primero en El Alisio - Noticias de las Islas Canarias.