La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, solicitará a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias que acelere el proceso para cerrar definitivamente el expediente abierto para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del denominado Monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, tras los dos contundentes informes técnicos que coinciden en que la escultura carece de los valores patrimoniales necesarios para justificar su protección.

La petición se produce después de que tanto la Ponencia Técnica de Patrimonio Arquitectónico como el Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias hayan emitido un criterio desfavorable a la declaración como BIC del monumento, concluyendo que no concurren los valores históricos, artísticos o culturales exigidos para su catalogación.

La Asociación, personada como parte interesada en este procedimiento, ha registrado un escrito en el que solicita que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias sea convocado a la mayor brevedad posible para proceder al cierre definitivo del expediente de protección, evitando nuevas dilaciones en un procedimiento que considera suficientemente resuelto desde el punto de vista técnico.

Mercedes Pérez Schwartz señala que «tras dos informes técnicos claros y coincidentes, resulta imprescindible culminar cuanto antes este procedimiento y aplicar definitivamente lo contemplado en el proceso impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática«. En este sentido, considera que ya no existen razones para prolongar un expediente cuya resolución debe permitir avanzar en el cumplimiento efectivo de la legislación vigente.

La presidenta de la Asociación subraya que este paso resulta especialmente relevante porque permitirá que el espacio deje de incumplir las leyes de memoria democrática. «Casi veinte años después de la aprobación de la primera Ley de Memoria Histórica, es el momento de que este lugar cumpla por fin con la legalidad y deje de atacar la memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo», afirma.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, que desarrolla su labor desde 2007 y forma parte de la Comisión Técnica de Memoria Histórica de Canarias, recuerda que la permanencia de símbolos contrarios a la memoria democrática es incompatible con las obligaciones establecidas por la legislación estatal y autonómica, por lo que confía en que el expediente quede definitivamente cerrado durante este mes y pueda continuarse con el procedimiento previsto por el Ministerio para la retirada del monumento, sin tener que esperar hasta septiembre, debido a que agosto es inhábil.

Para más información: Presidenta, Mercedes Pérez Schwartz: 686944384

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (ARMHT) [Comunicación Recuperación Memoria HcaTenerife]

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La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, ha pedido a las administraciones públicas que den cumplimiento a las leyes de memoria histórica y democrática tras conocerse el informe desfavorable de la Comisión de Patrimonio Cultural de Canarias a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del denominado Monumento al Ángel o Monumento a Franco, situado en Santa Cruz de Tenerife.

Para la Asociación, no es normal que autoridades elegidas democráticamente cuestionen retirar este homenaje al dictador del espacio público, a pesar de chocar con una legalidad que el próximo año cumplirá veinte años.

Consideran que la decisión del Gobierno de Canarias de no dar paso a su declaración como BIC supone un paso importante, que evitará una anómala protección patrimonial por vía judicial, que sea utilizada como una vía para eludir la aplicación de la legislación memorialista vigente.

Recuerda que el Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas existentes en el ámbito territorial de Canarias, elaborado en 2021 por un equipo técnico de la Universidad y disponible en la web del Gobierno canario, deja claro que el monumento a Franco: “constituye un reconocimiento de la actuación durante el golpe de Estado, así como un recordatorio y exaltación de dichos hechos, y en particular, la participación en la vida pública en actividades de propaganda y apoyo al régimen franquista.

Por tanto, se debe contemplar su retirada, así como las de las placas, ya que se ajusta a lo dispuesto en la Ley 52/2007 al contravenir los artículos 1.1 y 1.2, y corresponder a lo previsto en el 3.º y al 15.1, ya que el nombre de la vía constituye una «exaltación [en este caso personal], de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

Asimismo, en cuanto a la denominación es de aplicación lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley canaria 5/2018.

Mercedes Pérez Schwartz explica que las alegaciones presentadas durante el procedimiento ya señalaban que el monumento constituye un elemento de exaltación de la figura de Francisco Franco y de la dictadura franquista.

La propia documentación histórica de la época de su inauguración, en 1966, lo presentaba expresamente como un homenaje al dictador y a su salida desde Canarias para encabezar el golpe militar que desembocó en la Guerra Civil y la posterior dictadura.

«La significación histórica y simbólica de este monumento está perfectamente documentada. No se trata de una obra neutra ni descontextualizada, sino de un monumento concebido para glorificar al principal responsable de una dictadura que vulneró derechos fundamentales durante casi cuarenta años», señala Pérez Schwartz.

La Asociación considera además que la declaración como BIC resultaba incompatible con el marco legal vigente.

Tanto la Ley de Memoria Histórica de Canarias como la Ley estatal de Memoria Democrática establecen la obligación de retirar de los espacios públicos aquellos elementos que supongan exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista.

Asimismo, las alegaciones presentadas cuestionaban que la escultura reuniera los requisitos de singularidad exigidos para la máxima figura de protección patrimonial.

Diversos estudios académicos y artísticos muestran que Juan de Ávalos recurrió de forma reiterada a la misma iconografía en otros monumentos vinculados a la propaganda franquista, reproduciendo modelos estéticos ya utilizados en el Valle de los Caídos, el Alcázar de Toledo o el denominado Ángel de la Victoria de Valdepeñas.

Queda claro que la obra carece de los valores de excepcionalidad y carácter único que justifican una declaración como Bien de Interés Cultural.

Igualmente, la entidad memorialista considera que la conservación de este monumento en el espacio público supone una ofensa para las víctimas de la represión franquista y para sus familiares.

Miles de personas sufrieron persecución política, encarcelamiento, exilio, pérdida de derechos y, en numerosos casos, la muerte como consecuencia de la instauración de la dictadura.

«La democracia tiene la obligación de proteger la memoria de las víctimas, no los símbolos levantados para glorificar a quienes impulsaron y sostuvieron la represión», afirma Pérez Schwartz.

La presidenta de la Asociación recuerda además que las instituciones públicas disponen desde hace años de una hoja de ruta clara para actuar.

Un equipo de especialistas de la Universidad de La Laguna elaboró el catálogo de vestigios y símbolos franquistas existentes en Canarias, identificando los elementos que incumplen la legislación memorialista y proponiendo medidas para su retirada o resignificación.

«Ya existe un trabajo técnico y académico riguroso que identifica los incumplimientos de la ley. No hacen falta más estudios ni más dilaciones.

Lo que corresponde ahora es ejecutar las medidas previstas y garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación de memoria democrática», añade.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife confía en que, tras el informe desfavorable a la declaración BIC acelere el proceso.

Reitera que en este caso, ya se hizo un Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

“Tenemos confianza en que las administraciones actuarán con coherencia institucional y respeto por la legalidad, poniendo fin a una anomalía que se prolonga desde hace décadas”, apunta.

Apunta sobre la incoherencia que supone que “en el siglo XXI, entidades que defienden la dictadura y el mantenimiento de estas violaciones de la Ley de Memoria, tengan capacidad económica para pagar costosos procesos judiciales, mientras las asociaciones de memoria solo tengamos el voluntariado y un escaso apoyo económico institucional”.

«La retirada de los símbolos de exaltación franquista no es una cuestión ideológica ni una opción política. Es una obligación legal y un compromiso democrático con la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de las víctimas», concluye Mercedes Pérez Schwartz.

Para más información:

Presidenta, Mercedes Pérez Schwartz: 686944384

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (ARMHT) [Comunicación Recuperación Memoria HcaTenerife]

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Valor histórico y arquitectónico

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Ejecutivo autonómico ha informado este lunes en un comunicado de que este edificio es un silo de grano considerado del «tipo P», único en un recinto portuario español y por tanto un bien de alto valor histórico, arquitectónico y simbólico para el archipiélago.

Riesgo de demolición

En un escrito dirigido a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Gobierno de España, el Ejecutivo autonómico advierte de la existencia de un riesgo inminente de destrucción de este inmueble, actualmente sometido a un procedimiento de licitación pública para su demolición por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros.

Según se recoge en la comunicación oficial, el proceso se encuentra en una fase avanzada, lo que hace prever una adjudicación próxima y el inicio de las obras de demolición si no se adoptan medidas urgentes.

Protección constitucional

Esta situación, subraya el Gobierno de Canarias, podría provocar un daño “real, inmediato e irreversible” sobre un elemento clave del patrimonio industrial y una vulneración del deber de protección recogido en la Constitución.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural recuerda que, al tratarse de un bien ubicado en dominio público portuario estatal, la competencia para su protección corresponde a la Administración General del Estado, lo que limita la capacidad de actuación de la Comunidad Autónoma.

Pedido de intervención estatal

Por ello, solicita al Ministerio de Cultura que actúe con urgencia mediante la apertura de un proceso de diálogo con Puertos del Estado, la adopción de medidas cautelares que paralicen la demolición y la valoración de iniciar el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

El Gobierno de Canarias insiste en que la intervención estatal resulta imprescindible para evitar la pérdida «irreversible» de un elemento único del patrimonio industrial y cultural del archipiélago.

Asimismo, subraya que distintas administraciones públicas canarias han mostrado su apoyo a la conservación del inmueble y, en concreto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recomendado su protección por su “gran relevancia histórica y cultural”, mientras que el Cabildo de Tenerife ha solicitado la realización de un estudio técnico previo a cualquier intervención, ofreciendo su colaboración.

Propuestas de rehabilitación

También el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro ha impulsado propuestas técnicas viables para la rehabilitación y reutilización del silo, compatibles con los usos portuarios y alineadas con los principios del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.

El silo constituye una pieza «excepcional» dentro del patrimonio industrial español al formar parte de la Red Nacional de Silos y Graneros desarrollada en la posguerra, explica el Gobierno regional.

Destaca, además, por ser el único silo portuario «tipo P» que se conserva en España, lo que le otorga un carácter singular en el contexto nacional, a lo que se suman sus valores arquitectónicos y tecnológicos y su relevancia como hito paisajístico en el frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife. [EFE]

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