Santa Cruz De Tenerife, 23 jun – El Ayuntamiento de Adeje ha convocado una reunión con diferentes administraciones para frenar el chabolismo en el municipio que, según ha afirmado, en su mayor parte son segundas residencias e incluso hay situaciones de alquiler vacacional y arrendamientos de mayor duración de carácter irregular.
Al respecto, la concejal de Seguridad de Adeje, Mercedes Vargas, se ha reunido con representantes de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, juristas y la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, para abordar la situación de los asentamientos ilegales en el municipio.
Mercedes Vargas explica en una nota del Ayuntamiento que el fenómeno se concentra principalmente en las zonas de El Valito, Llano Negro, Las Moreras, El Puertito y La Caleta, y ha evolucionado desde un uso residencial puntual hacia situaciones de alquiler vacacional y arrendamiento de mayor duración de carácter irregular.
La concejala señala que la situación ha empeorado en los últimos meses, con una acumulación de residuos que genera un riesgo real para la salud pública y para el entorno natural por la proliferación de plagas, vertidos de aguas residuales al mar y riesgo de incendios.
Por ello el Ayuntamiento se ha marcado como objetivo «fijar una hoja de ruta de actuación conjunta y empezar a trabajar con todas las garantías jurídicas».
Por su parte, la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural explicó que el organismo tramita procedimientos de restablecimiento y sancionadores de carácter individual sobre cada infracción urbanística, pero que la gestión integral de un núcleo de asentamientos como el detectado en Adeje corresponde al ámbito municipal.
La APMUM también informó al Ayuntamiento de que dispone de toda la argumentación jurídica necesaria para abrir un procedimiento de oficio contra el propietario del terreno por la acumulación de residuos, además de poder requerir la autorización del propietario para proceder al desalojo.
La directora ofreció la colaboración de la Agencia en los tramos de servidumbre marítimo-terrestre que sean de su competencia.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento confirmaron que se procederá a la apertura de expedientes individualizados por cada vivienda detectada, en aplicación de la Ley del Suelo, con el fin de garantizar la seguridad jurídica del proceso, aunque la ejecución material de las actuaciones podrá realizarse de forma simultánea y conjuntamente con la Agencia del Medio y Costas.
En esa misma línea, el concejal de Presidencia y Urbanismo, Manuel Luis Méndez, señaló que la mayoría de los casos detectados corresponden a segundas residencias o a formas de vida alternativas, y no a situaciones de necesidad habitacional.
Méndez destacó que el Ayuntamiento ya cuenta con un precedente de buenas prácticas en la actuación llevada a cabo en Diego Hernández, donde el trabajo previo de notificación a los ocupantes permitió que, en el momento del desalojo, solo quedara una persona en la zona.
El concejal afirmó que «es una necesidad absoluta empezar a intervenir, y la experiencia de Diego Hernández demuestra que, si se hace con el trabajo previo adecuado, se puede actuar con garantías y con el menor impacto posible sobre las personas”.
Por su parte, la concejala de Bienestar Comunitario y Cohesión Social, Raquel Rodríguez, indicó que el Ayuntamiento tiene identificadas a las personas que ocupan estos asentamientos y precisó que la gran mayoría no se encuentra en situación de vulnerabilidad ni de exclusión social, y únicamente un número reducido de casos requiere seguimiento por parte de los Servicios Sociales municipales.
«Tenemos identificadas a las personas que se encuentran en una situación más delicada y se les dará la respuesta que esté en nuestra mano dentro de las posibilidades del Ayuntamiento en caso de que se produzcan desalojos», afirmó la concejala.
Como conclusión las administraciones acordaron coordinar de forma simultánea los procesos de notificación e identificación, así como compartir cauces de comunicación directa para agilizar los trámites. [EFE]